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Desde el cielo, los alrededores de Creporizão, una remota ciudad en el sur de la Amazonía brasileña, parecen un vasto manto de selva tropical verde oscuro. Pero a lo largo de los caminos de tierra y los ríos que los atraviesan como arterias, se ven manchas marrones fangosas: minas de oro ilegales.

Los mineros ilegales vienen a la zona buscando fortuna. Cada día, cientos de ellos se embarcan en largos viajes por el río Crepori para llegar a las minas de oro, mientras que otros vuelan en pequeños aviones que aterrizan en pistas improvisadas. Estas escenas se han vuelto habituales en la mayor selva tropical del mundo y se consideran la causa de una destrucción generalizada.

José María, que prefiere no dar su nombre completo, es uno de los mineros del estado de Maranhão, a unos 1.000 kilómetros al este. Está esperando en la orilla del río a que un barco lo lleve a una de las minas de oro. "Estamos aquí para hacer un trabajo honesto y ganarnos la vida”, dice. "No veo dónde está el problema”, agrega.

Pero las minas en las que trabajan José María y sus compañeros se encuentran en un territorio de más de dos millones de hectáreas que pertenece a los mundurukús, una de las mayores tribus indígenas del Amazonas, cuyas tierras ricas en minerales están protegidas por la Constitución de Brasil de 1988.

Según una encuesta realizada en 2019 por el instituto de investigación Datafolha, el 86 por ciento de los brasileños se opone a la minería en tierras indígenas. Sin embargo, esta actividad ha sido alentada por el controvertido proyecto de ley del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien pide la legalización de la minería comercial en estas zonas.

Una de las muchas minas ilegales de oro en la selva tropical de Brasil.

Presentado al Congreso de Brasil a principios de febrero, el proyecto de ley aún no ha sido sometido a votación. Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, considera que el proyecto "no es inconstitucional”. Por el contrario, aplazó su votación porque "no era el momento adecuado”.

El Ministerio de Minas y Energía de Brasil dijo a DW que planea "regular las actividades mineras en tierras indígenas”, y añadió que el proceso requeriría "una consulta con las comunidades indígenas” que podrían participar en la actividad minera.

Mientras que algunos de los mundurukús se han dejado seducir por el atractivo del dinero fácil que genera la extracción de oro en sus tierras, la mayoría sigue oponiéndose a la minería ilegal.

"La gran fiebre del oro”

Algo más de una décima parte del territorio de Brasil está clasificado como tierra indígena, repartida en más de 400 reservas. Pero según la Red Amazónica de Información Socio Ambiental y Georreferenciada (RAISG), hay más de 450 minas ilegales en la Amazonía brasileña, donde se encuentran la mayoría de esas reservas. El proyecto de ley probablemente provocaría un aumento drástico del nivel de la actividad minera.

"Una vez que se abra la puerta, se convertirá en una avalancha”, lamenta Glenn Shepard, un antropólogo estadounidense que trabaja con poblaciones indígenas afectadas por la minería ilegal. "La ley creará un precedente que permitirá la entrada de más mineros. Ya es una fiebre del oro a gran escala, y estos grupos indígenas están perdiendo el control”, dice a DW.

Antes de la votación del proyecto de ley, el Ministerio de Minas y Energía informó a DW que había recibido más de 4.000 solicitudes de actividades relacionadas con la minería en tierras indígenas.

Las tensiones entre los mineros y las comunidades locales son muy graves. En junio de 2019, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) indicó que docenas de mineros vestidos con uniforme militar invadieron la comunidad wayampi en la Amazonía brasileña, y apuñalaron y mataron a uno de sus líderes.

Según una investigación de la ONG internacional Global Witness, en 2018 fueron asesinados 20 defensores de la tierra y del medio ambiente en Brasil. A escala mundial, la organización sin fines de lucro citó la minería como el sector más mortífero, con 46 asesinatos cuantificados ese mismo año.

La mayoría de las comunidades se oponen a la minería ilegal.

Mercurio se filtra en los afluentes. Las comunidades indígenas depende este agua.

El problema de la deforestación

Desde el punto de vista ambiental, uno de los mayores impactos de la minería es la tala. Un informe de 2017, publicado en la revista Nature Communications, reveló que la minería supuso un 9 por ciento de toda la pérdida de bosques de la Amazonía entre 2005 y 2015.

En noviembre de 2019, docenas de líderes tribales de la región amazónica se reunieron con organismos oficiales en Brasilia para presentar denuncias e informar las graves amenazas que sufren sus territorios.

Alessandra Korap Munduruku, una líder del estado de Pará que asistió a la reunión, afirma que la legalización de la minería "sería la muerte de nuestro pueblo”.

Además de traer "enfermedades y prostitución a nuestro pueblo, drogadicción a nuestros hijos y conflictos violentos a los hombres mundurukú”, la actividad minera también está matando peces por envenenamiento con mercurio.

El mercurio liberado durante la extracción de oro sobre el gran río Tapajós, ubicado en la región, se filtra en los afluentes. También en los que pasan por la ciudad de Creporizão y son utilizados por las comunidades locales como fuente de agua.

A finales del año pasado, en un primer estudio de este tipo, Erik Jennings, un neurólogo de la ciudad brasileña de Santarém, tomó muestras de sangre y cabello de 112 personas de la tribu para evaluar los niveles de mercurio.

"Es un genocidio lento”, alerta Jennings a DW. "El mercurio puede causar serios problemas cognitivos y visuales, así como deformar fetos”.

El oro extraído por estas minas ilegales es traslado a tiendas como esta.

El problema del comercio legal

Incluso el comercio legal de oro en Brasil no está regulado en gran medida. Eso facilita la proliferación de negocios ilegales y desempeña un papel importante en la destrucción de la Amazonía. Según los fiscales del estado de Pará, la falta de reglamentación del comercio legal y el hecho de que los recibos sean copias al carbón facilitan que los delincuentes prosperen y que el oro ilegal entre en el sistema legal.

"El fraude es relativamente fácil en este sector, y la investigación de ilegalidades se convierte en un obstáculo casi insuperable”, lamenta Luis de Camoes Lima Boaventura, fiscal de Santarém.

"Hasta que no se instale un sistema informático, las autoridades no pueden comprobar la legalidad de las transacciones en tiempo real. En la actualidad, todo lo que se necesita para llevar a cabo una transacción con oro ilegal es bolígrafo y papel”.

Según estimaciones de la Agencia Nacional de Minería, en el estado de Pará se comercializan anualmente unas 30 toneladas de oro por un valor de unos 900 millones de euros (unos 4.500 millones de reales o 1.000 millones de dólares) de forma ilegal, unas seis veces más que la cantidad legalmente declarada.

Cuando los mineros como José María regresan a Creporizão, después de un viaje que a veces dura días, se dirigen a una de las muchas tiendas de oro de la ciudad. Allí, el metal precioso extraído se funde en barras estandarizadas, o lingotes. Una vez hecho esto, el oro extraído ilegalmente, que es responsable de la deforestación generalizada, la contaminación y la violencia en la Amazonía, entra a formar parte del mercado mundial y su origen ya no puede ser rastreado.